¿Cómo deberían ser las oposiciones? Carta abierta a José Antonio Marina.

¿Cómo deberían ser las oposiciones? Carta abierta a José Antonio Marina.

Estimado señor Marina:

El propósito de este mensaje es participar en el debate del Libro blanco que le ha sido encargado por parte del Ministerio.
Comenzaré por presentarme. Me dedico a la docencia desde 1990 y soy profesor de secundaria en la educación pública desde 1993. Me dedico desde hace años a la preparación de opositores de Lengua y literatura.
Mi mensaje va a ir orientado al problema del acceso a la función pública docente, que creo que es el elemento central para mejorar el sistema educativo. En mi opinión, lo que garantiza un buen sistema educativo no son tanto los medios materiales (que son importantes, no cabe duda) como la formación y calidad de los docentes. Sin buenos docentes, los mejores medios no sirven de nada. Un docente con escasez de medios puede hacer milagros.
Por motivos de tiempo, no me extenderé ahora en consideraciones generales aunque estén en la base de mis opiniones. Simplemente, anotar que creo en la necesidad de una escuela pública de calidad que sirva para defender la igualdad de oportunidades de todos los españoles.
Creo asimismo que los profesores y maestros de la red pública deben superar un examen. Hay expertos que plantean que dichos docentes seamos contratados directamente por el director o el ayuntamiento. No sería este procedimiento inadecuado en otros países, pero en España, desgraciadamente, esta contratación estaría marcada indefectiblemente por el nepotismo. El acceso al empleo público municipal en el período democrático (quizá en toda la historia de España) se ha caracterizado por la corrupción y los escándalos en muchísimas ocasiones. No creo que la educación fuera una excepción, con toda franqueza. Creo mucho más en unas oposiciones o un examen libre, justo y objetivo.
Y es que debemos partir de la situación educativa real del país en el que vivimos. Y la realidad es que España tiene históricamente un problema educativo desde hace siglos que se ha agudizado (o al menos se ha revelado en su intensidad) en las últimas décadas. Nos quejamos de la existencia de la telebasura, de la escasa intervención reflexiva de la ciudadanía en la vida pública (salvo algaradas y picnics ocasionales) o de la falta de civismo y compromiso social. Y todo ello es verdad. Y todo ello depende de la educación. Luego entonces, no estamos tratando de tonterías sino de cuestiones serias que deben ser mejoradas contando más con el interés nacional que con los intereses particulares de los usuarios (alumnos y padres) o trabajadores del sistema (profesores y maestros) por más importante que sean sus opiniones.
Y la realidad es que, en mi humilde opinión, el elemento más mejorable del sistema educativo es el profesorado. Ello tiene raíces históricas y es culpa, esencialmente, de la labor negativa que han desarrollado los sindicatos docentes que han entendido siempre la figura del profesor como la de un ser atrincherado en defensa de unos intereses particulares más que como un servidor público. Han antepuesto a la mejora del sistema educativo (que no lo olvidemos es la llave del futuro de una nación) los supuestos intereses de unos individuos que quieren patrimonializar el sistema como si por obtener una plaza de funcionario el centro y todo el sistema pasase a ser suyo.
Y lo cierto es que desde 1975, todos los profesores y maestros que hemos accedido al sistema público lo hemos hecho superando unas pruebas poco objetivas, insuficientes y mal orientadas. Es decir, se nos ha elegido como profesores en unas pruebas inadecuadas para seleccionar a los mejores. No solo eso: una gran parte del profesorado ha accedido (gracias a la presión sindical y la anuencia de los políticos) por medio de unas oposiciones que no eran tales (pues se permitía obtener la plaza a los interinos suspendiendo o no haciendo alguna de las pruebas) como ocurrió entre los años de implantación de la LOGSE (1990-1993) y la LOE (2005-2008) al amparo de los Gobiernos de esas dos épocas. Eso es absolutamente lamentable. La propia implantación de la LOGSE permitió que los maestros accedieran a plazas de profesor y que los profesores de la antigua FP dieran clase en los institutos, pervirtiendo también de esta manera el proceso de selección. Luego, siendo realistas, tendremos que convenir en que el desastre educativo tiene sus fundamentos, básicamente, en la elección y formación del profesorado mucho más que en el aumento constante de los medios a disposición del profesorado. Quién como yo empezó dando clase en 1990 sabe que los medios actuales son mucho mayores que los que había entonces. El sistema, sin embargo, da peores resultados.
Se habla muchas veces de mejorar la educación, pero pocas veces se dice que el elemento fundamental es la mejora del profesorado. Y que sin esa mejora (y en la actualidad) la mejora del sistema y por tanto de la sociedad es, simplemente, imposible.
Por tanto, en mi opinión, la mejora de la educación pública pasa, indefectiblemente, por la mejora del proceso de selección del profesorado. Y es en este sentido en el que desearía hacerle llegar las siguientes ideas para su valoración.
1. El proceso de selección debe ser lo más objetivo posible. Hoy no lo es.
2. La prueba debe tener varias partes y ser más exigente de lo que es hoy. Por un lado, debe haber un apartado teórico previo. Nadie que no domine la materia que va a impartir puede ser profesor. En segundo lugar, unas pruebas que muestren las capacidades prácticas necesarias para impartir la asignatura en cuestión. En tercer lugar, una presentación pedagógica que demuestre mínimamente los presupuestos pedagógicos del aspirante aplicados a la asignatura concreta.
3. ¿Y cómo ha de ser el ejercicio teórico? En nuestra opinión, en la prueba de conocimientos debe buscarse la máxima objetividad evitando que el azar o la aleatoriedad condicionen el futuro del opositor y por ello de todo el sistema. Creemos que debería llegarse a un temario oficial. Esto querría decir que cada uno de los temas debería ser desglosado minuciosamente en muchos subapartados o epígrafes incluyendo en este modelo oficial las teorías científicas sobre cada aspectos que se deben dominar. Por ejemplo, aplicado a la asignatura de Lengua, y en lo referente a la teoría de los géneros debería constar claramente a qué autores hay que referirse (Platón, Hegel, Bajtín, etc) y al tratar sobre la oración habría que plantearse qué enfoques deben dominarse (Chomsky, Real Academia, etc). De esta forma, el opositor tendría bien claro que estudiar y el tribunal tendría bien claro qué debería corregir. Hoy, lamentablemente, muchos tribunales no saben el tema que tienen que evaluar y echan mano de temarios de academia. De esta forma, además, se acabaría con el negocio de las academias tal y como hoy se conciben, pues tendrían que fundamentar su preparación en otros aspectos. Por tanto, abogamos porque el temario se desglose en muchas preguntas concretas para evitar la subjetividad del tribunal. Si hoy cada temario tiene 72 temas, nuestro modelo dividiría cada uno de esos temas en unos siete, ocho y hasta diez epígrafes concretos por lo que abogamos por una batería de epígrafes posibles de entre 700 y 1000. Eso no quiere decir que habría que estudiar más sino que el mismo contenido en folios se dividiría en 700 epígrafes en vez de entre 72. Hay que decir que el borrador que presentó el último Gobierno PSOE no se alejaba mucho de este modelo pues planteaba que cada tema se dividiese en 5 epígrafes y de las 375 preguntas resultantes se preguntaran 7 al azar a los opositores.
Pero una vez constituido este temario concreto y objetivo, creemos que la prueba debería huir de la aleatoriedad y el azar. Bastante problema de enchufismo tenemos en España como para que los tribunales puedan emplear malas artes. Hay que reducir por tanto la subjetividad en la corrección y un tema amplio permite enormemente la subjetividad. Además hay que evitar el azar. Deben tener la plaza los que dominen un temario entero, no los que tengan más suerte. Hoy se contesta una sola bola, lo que en la práctica quiere decir que un opositor sabiéndose perfectamente un tema puede obtener la plaza si tiene la suerte de que le caiga esa bola. Nosotros abogamos por un sistema de un examen parecido al MIR en el que se preguntasen en cuatro horas el máximo de preguntas posibles de tipo test basadas en esos epígrafes concretos de forma que se le preguntase al opositor sobre todos los temas de la oposición. Si hay 72 temas, pues se podrían incluir 360 o incluso 720 preguntas.
Otra opción (aquí hay que tener en cuenta que no todas las especialidades tienen que tener un sistema idéntico) sería que de esas 720 preguntas del temario se sacasen 24 preguntas que saliesen de un bombo evitando así el problema de las filtraciones y que cada una fuera contestada en diez minutos. Si en vez de preguntas de diez minutos fueran preguntas de 5 minutos todavía estaría mejor pues se podrían preguntar 48 cuestiones, evitando así el azar (que seguiría existiendo).
La corrección debería ser absolutamente objetiva y los tribunales podrían publicar las soluciones de la prueba y explicar con sencillez a cada opositor por qué ha suspendido. Dejaría de pasar lo que tantas veces ha ocurrido y es que el opositor no sabe absolutamente nada del proceso que le ha dejado sin plaza y con una cara de idiota impresionante.
Honestamente, este sistema puede tener sus fallos y obviamente puede ser mejorado, pero no me cabe la menor duda de que es mucho mejor que el actual. Eso seguro.
4. Por lo que se refiere al ejercicio práctico, creemos que esta prueba no solo es necesaria, sino que es muy importante porque va a permitir valorar la capacidad del opositor para resolver de forma adecuada problemas prácticos asociados a su especialidad. Esto es importante porque de esta forma, el sistema no solo seleccionará a los opositores con mayor memoria, sino que también detectará a quienes son capaces de relacionar sus conocimientos ante un problema concreto. Por otro lado, esta práctica tiene que servir para probar la capacidad del profesor de resolver cuestiones similares a las que planteará a sus alumnos en la clase.
5. Esto quiere decir que la prueba práctica, en nuestra opinión, debe tener relación por un lado con los conocimientos que exija el temario y por otro debe establecer relaciones con las prácticas que realmente se realizan en las aulas de los institutos. Vistas así las cosas, y entrando en mi especialidad de Lengua española y literatura, las pruebas prácticas deben bascular en torno a diferentes cuestiones:
a. El comentario literario y lingüístico, que debe ser la parte fundamental de la nota pues demuestra la comprensión y expresión del aspirante y su conocimiento global de los aspectos literarios y lingüísticos que le permitirán guiar a los alumnos en este sentido.
b. Una prueba de comprensión oral a partir de videos y audiciones.
c. La creación de textos literarios y no literarios prestando especial intención a los instructivos, argumentativos, publicitarios y periodísticos. La creación de presentaciones, videos, etc. Si vamos a orientar a la creatividad y a impulsar la imaginación a los alumnos, debe ser capaces de crear también.
d. Las habilidades informáticas, como el manejo de procesadores de texto y de presentaciones así como el conocimiento y uso de diferentes páginas webs relacionadas con nuestra área (buscadores de palabras, diccionarios digitales, prensa digital).
6. La prueba oral debe mostrar al tribunal por un lado los conocimientos y bagaje pedagógico que tiene el aspirante para ejercer la docencia. Por otro debe mostrar su capacidad para ilusionar, liderar y guiar un grupo de alumnos hacia unos objetivos. Así mismo debe mostrar la capacidad de explicar ideas oralmente, de organizarse el tiempo y de conectar con el auditorio. Podría ser una prueba similar a la actual “encerrona” pero permitiendo que se empleen todas los medios digitales al alcance de una clase real (pizarra digital, presentación Power Point, videos, Internet, etc).
7. Hay otras consideraciones que son también importantes:
a. La experiencia previa no debe ser un mérito para acceder a la función pública. Nadie garantiza que diez años de experiencia dando clase sean diez años de aciertos. Hay personas capaces de aprender muchísimo en un año y otras que desgraciadamente no aprenden nunca.
b. Hay un número importante de funcionarios que no deberían formar parte de los tribunales de oposición porque no tienen los conocimientos teóricos y prácticos que les permitirían evaluar a los aspirantes. Para formar parte de los tribunales se debería exigir a los profesores que superasen un proceso similar al que van a evaluar. La participación en los tribunales debería estar muy bien pagada de forma que los mejores se sintieran atraídos a mejorar el sistema evaluando a los nuevos profesores y siendo la punta de lanza de la renovación pedagógica en España.
c. Los resultados de los procesos selectivos deberían tener consecuencias para los salarios y el concurso de traslados de los funcionarios.
Atentamente.

Eduardo López Prieto.

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