Como ya anticipábamos al final de nuestro análisis de diciembre de 2021 sobre el nuevo Real Decreto de acceso, la medida del Gobierno pactada con los sindicatos podía desencadenar problemas políticos, sobre todo en las comunidades autónomas gobernadas por el PP. De hecho, el Gobierno pensaba aprobar su norma a finales de enero, pero la catarata de acontecimientos le ha llevado a retrasarla a abril. Y es que lo que hemos visto en estos últimos días es una rebelión de diferentes comunidades, incluidas las socialistas, que han decidido adelantar sus convocatorias de primaria para no tener que aplicar el nuevo Real Decreto. Son Asturias, Navarra, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Aragón, Extremadura, Galicia, Canarias y La Rioja y Madrid. Solo Cataluña ha decidido lo contrario: esperar la nueva norma para adaptar las oposiciones a ella. Ahora bien, dentro de esta política, han sido dos comunidades, Galicia y Madrid (ambas del PP) las que han llevado esta oposición a un grado más alto. Galicia ha convocado primaria y secundaria para este junio. Y Madrid ha ido un paso más allá: ya ha convocado con más de un año de antelación las oposiciones de secundaria de 2023 y además ha anunciado la implantación de lo que ha denominado MIR para el próximo curso 2022-2023. El conflicto político está servido.
La problemática de las oposiciones siempre tiene causas políticas
Y es que estamos en esta situación por razones políticas. Somos funcionarios públicos, vivimos del presupuesto del Estado y nuestros patrones son políticos, por lo que hemos de responder, querámoslo o no, a las diferentes coyunturas que ellos generan. Y desgraciadamente la educación es siempre un terreno de disputa. Últimamente estamos oyendo decir que todo comienza cuando la Unión Europea, redacta en 1999 la Directiva 1999/70/CE, según la cual la tasa de interinidad en la función pública en toda Europa debía estar por debajo del 8%. A partir de esta directiva europea, todos los Gobiernos (Aznar, Zapatero y Rajoy) aceptan su contenido, pero, por diferentes razones, no la han cumplido. De hecho, los sindicatos plantean que la tasa de interinidad en Educación hoy ronda el 25% de los docentes. Pero este problema no surge con la Unión Europea. Las claves de por qué se plantea esta medida política son muy anteriores y en próximas entradas las desentrañaremos, pues se remontan realmente al final del franquismo y al inicio del sistema democrático.
¿Cómo se resuelve este problema? ¿Oposiciones restringidas? ¿Oposiciones libres?
En todo caso, la directiva europea trata de conseguir que esa tasa baje. Y eso puede hacerse de muchas maneras. De hecho, la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no indica que haya que hacer fijos a los interinos, sino que esta tasa debe bajar dejando a los Estados miembros la forma de hacerlo.
Las formas más extremas consistirían en acabar con al temporalidad haciendo fijos a todos los interinos sin oposición y la otra en sacar todas las plazas que existen en una oposición pura y dura sin contar los méritos (es decir, hacer una oposición y no un concurso-oposición).
La primera vía es inválida por la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública donde este acceso se prohibió y por varias sentencias del Tribunal Constitucional en el mismo sentido por entender que se vulnera la Constitución, que establece en su artículo 23.2 que los españoles “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes” y en su artículo 103.3 que dice que “la ley regulará … el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad…”.
La segunda vía sería plenamente legal y, de hecho, se hace en otros cuerpos del Estado en la judicatura o en los Cuerpos de Seguridad (como la Policía Nacional o la Guardia Civil) donde no hay interinos. Por supuesto, cada persona y cada partido tiene su propia manera de ver este problema, pues su naturaleza es claramente política y lo que a uno le parece justo a otro no se lo parece.
El Real Decreto del Gobierno y su problema legal: Docentes por la Justicia
Puestas así las cosas, el Real Decreto que se debate (y que supone una doble vía de acceso para los interinos como concurso o como concurso-oposición) puede suscitar un choque legal, pues ya hay una plataforma llamada Docentes por la Justicia que ya se manifestó el pasado domingo 16 en Madrid, dice contar con 3.000 miembros y piensa presentar recurso legal al mismo si finalmente es aprobado en los términos actuales. ¿Qué harán los tribunales? Eso es siempre imposible de saber, pero dado el ordenamiento actual, la sentencia será política, pues los órganos que la pueden emitir (Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional) están dominados por los partidos políticos y en sus sentencias de los últimos años así lo han demostrado.
El Real Decreto del Gobierno y su problema político: La rebelión de algunas comunidades
A este frente legal se suma otro de tipo político, pues a Galicia (que ya había anunciado su oposición como ya avanzábamos en el anterior artículo) se ha unido Madrid enunciando argumentos claramente políticos. Así, la nota emitida ayer por la Comunidad de Madrid dice entre otras cosas que la nueva norma es “tremendamente injusta sobre todo para aquellos aspirantes bien preparados que se quieren presentar al proceso y apenas cuentan con experiencia” y “consideramos que este sistema no es justo y ataca directamente la estrategia de la Comunidad de Madrid, que apuesta por que sean los docentes mejor preparados y con más méritos los que obtengan su plaza”.
El desafío de Madrid y sus consecuencias
Parece evidente que la Comunidad de Madrid se propone oponerse al Real Decreto y muy probablemente (dada la trayectoria de Isabel Díaz Ayuso y su equipo), esa oposición vaya a ser lo más fuerte que le permita el ordenamiento legal. Ya no se trata de una nueva asociación de opositores con dificultades de financiación y acceso a los medios de comunicación, sino el Gobierno de una de las comunidades autónomas más importantes de España y con una dirigente cuya proyección mediática es enorme. Desgraciadamente no podemos prever qué va a ocurrir, pues aunque la convocatoria de oposiciones descansa en las comunidades autónomas, debe darse dentro del ordenamiento legal y si el Gobierno de España aprueba esta norma, pero Madrid la recurre, es incluso posible que tengamos que esperar a ver qué dictaminan los tribunales, tal y como está ocurriendo también en aspectos de la pandemia. Incluso asistimos a comunidades como Cataluña que se declaran en rebeldía ante sentencias del Constitucional o del Supremo, por lo que es difícil predecir el futuro. No hay que olvidar tampoco que las elecciones autonómicas serán en mayo de 2023 (es decir, en plenas oposiciones) y muy probablemente Díaz Ayuso intente emplear estos argumentos que esgrimió en la nota de ayer para erigirse en la campaña como defensora de la calidad de la educación pública.
¿Y entonces qué hacer como opositores? Estudiar el temario es una respuesta segura.
Lo fundamental es ver qué es lo que es seguro. Y lo que es seguro es el temario. Tanto el Gobierno, como los sindicatos o las autonomías han afirmado su intención de que el temario siga en vigor al menos hasta 2024. ¿Por qué? Pues porque todos creen que eso proporciona un marco de estabilidad al proceso o facilita el acceso de los interinos. Así que el consejo seguro a cualquier persona es que estudie su temario por tierra, mar y aire. Saberse bien cuantos más temas mejor es lo mejor que podemos hacer para preparar el ejercicio.
Flexibilidad en la preparación
Flexibilidad es la palabra mágica. Tenemos que estar preparados para todo. Tenemos que estar muy atentos a la actualidad política nacional y tenemos que estar muy atentos a la actualidad política de nuestra comunidad de referencia porque de sus decisiones dependen las pruebas de nuestras oposiciones. Y no es lo mismo las comunidades donde dominan aliados del Gobierno que ya han manifestado su intención en facilitar el acceso a los interinos (Comunidad Vasca y Cataluña, donde incluso han decidido aplazar la publicación de la convocatoria para adaptarla al nuevo Real Decreto) que las abiertamente beligerantes como Madrid. Por otra parte, lo que es evidente es que la preparación de un supuesto práctico, un comentario o una programación no se puede improvisar.
¿Qué opciones tenemos para diseñar nuestro plan de preparación?
Por ello, hay varias opciones: la primera es seguir preparando las oposiciones como si el Real Decreto no nos afectara (que es lo más lógico en comunidades como Madrid, que ya ha anunciado que las oposiciones serán siguiendo el RD 276/2007). En este sentido hay que recordar que la preparación del ejercicio práctico requiere tiempo y esfuerzo y debe hacerse con rigor. Lo más cauto es invertir tiempo ahora en ella aunque luego puede ocurrir que no se emplee en vez de abandonarla y luego carecer de tiempo para llevarla a su fin. La otra opción es concentrarse en los temas y esperar acontecimientos, aunque esto no es recomendable si hay la menor posibilidad de que haya prácticos en nuestra comunidad.
¿Y con la programación y las unidades?
Para todo lo referente a la programación o las unidades, creemos que lo mejor es esperar a que se aprueben los decretos de desarrollo del nuevo currículo, pues siempre será más atractiva a los tribunales en 2023 la programación o la unidad sobre un sistema nuevo que sobre otro que ya desaparece ese mismo curso y así lo recogen nuestros cursos en marcha.
La respuesta de Opolengua: flexibilidad, rapidez y rigor.
Nosotros ya teníamos dos cursos de oposiciones (Total y Opolengua 1 y 2) y a este añadimos el nuevo Curso Opolengua 2023 (diseñado en menos de dos semanas) y muchísimos cursos parciales que puedes realizar para mejorar aspectos concretos de tu preparación. Además, las personas que contratan nuestros cursos completos pueden saltar de uno a otro con absoluta flexibilidad en función de lo que demanden las circunstancias, por lo que tienes la tranquilidad absoluta de que pase lo que pase, nuestra respuesta va a ser rápida, rigurosa y segura.
Saludos y ánimo.
